Extinción de dominio: cómo se pierde un inmueble que uno rentó de buena fe
Es un juicio civil que corre en paralelo a la causa penal y avanza más rápido. Mundo Legal detalla qué documentos acreditan la buena fe y por qué no ser localizable es el peor de los descuidos.
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La extinción de dominio es la pérdida de la propiedad en favor del Estado por la relación de un bien con un hecho ilícito. Su objetivo declarado es mermar la economía de los grupos criminales impidiéndoles disfrutar de lo obtenido con el delito.
El problema, y la razón por la que inquieta a quien renta inmuebles, es que puede alcanzar a quien se dedica a actividades perfectamente lícitas: basta que la propiedad se utilice para un fin ilegal sin que el dueño lo sepa. El caso extremo es el del inmueble olvidado, que alguien ocupa y convierte en casa de seguridad o punto de venta.
No aplica a cualquier delito
Es la primera precisión importante. La extinción de dominio procede sólo respecto de un catálogo acotado de delitos —secuestro, robo de hidrocarburos, delitos contra la salud en ciertas modalidades, trata de personas, entre otros—, que con sus derivaciones alcanza algunas decenas de supuestos.
Conviene distinguirla del aseguramiento de un inmueble donde se cometió un delito. Si en una casa ocurrió un homicidio, el bien puede quedar asegurado mientras el Ministerio Público investiga, pero eso no implica perder la propiedad.
Hubo además un ajuste relevante: la Suprema Corte declaró inconstitucionales algunos artículos, acotando el alcance de la figura. Entre lo derogado está la disposición que obligaba al propietario a denunciar el hecho ilícito del que tuviera conocimiento, so pena de perder la buena fe. La razón es evidente: pocos se atreverían a denunciar a quien ocupa su inmueble para esos fines.
Las dos defensas
Todo se reduce a acreditar dos cosas: la legal adquisición del bien y la buena fe.
Para lo primero, en inmuebles, pesa la publicidad registral: estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
La buena fe es más delicada, porque hay que demostrar que el arrendamiento era real y anterior al hecho ilícito. Y aquí aparece el problema de fondo: un contrato de arrendamiento puede redactarse en cualquier momento y fecharse hacia atrás, de modo que por sí solo no prueba gran cosa.
Los documentos que sí sirven
La clave es la fecha cierta: que el documento se haya otorgado ante fedatario público, presentado ante una autoridad o ratificado ante un mediador privado.
Además pesan otros elementos:
- Pagar los impuestos del arrendamiento. El dato que se citó en el programa es contundente: antes de las reformas recientes, la evasión en esta materia rondaba el 87%. Facturar y declarar deja rastro fechado.
- Las facturas de las rentas, que llevan folio fiscal y fecha verificable.
- Un expediente del inquilino: documentación de quién es la contraparte con la que se contrató.
El registro de contratos de arrendamiento que introdujo la reforma capitalina, cuando opere, aportaría esa fecha cierta de forma sencilla.
El riesgo que nadie calcula: no ser localizable
Este es el punto más práctico de toda la emisión.
La extinción de dominio es un juicio civil, no penal, y en un juicio civil quien no contesta se queda sin defensa: no exhibe las facturas, no acredita la buena fe, no aporta nada. Puede perder el inmueble no porque careciera de razón, sino por descuido.
Y la forma más común de quedarse fuera es no ser localizable. Si no puede notificarse personalmente, la notificación se hace por edictos, es decir, publicaciones en periódicos. Como resumió el especialista tras más de veinte años en la materia: nunca ha conocido a nadie que se enterara de una demanda por haber leído los edictos.
De ahí la obligación, muchas veces ignorada, de mantener actualizados los datos en el registro federal de electores.
Dos asimetrías incómodas
La primera: el procedimiento civil de extinción avanza más rápido que el penal, porque la defensa penal dispone de más recursos procesales. Puede ocurrir que alguien pierda el bien antes de que exista sentencia sobre el delito, cuando todavía rige la presunción de inocencia.
La segunda: la venta anticipada. La ley permite que la autoridad enajene bienes antes de que el asunto se resuelva. Tiene sentido en bienes perecederos, cuya conservación cuesta más que su valor; en otros casos, señaló el especialista, es controvertible.
La recomendación
Contrato con fecha cierta anterior al hecho, facturas de las rentas, impuestos pagados y expediente completo del inquilino. Y, sobre todo, ser localizable: la extinción de dominio es un juicio que hay que atender, y quien no lo atiende asume las consecuencias.
