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La libertad de expresión en México: entre la tutela constitucional, la despenalización inconclusa y las nuevas formas de restricción

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO Entre la tutela constitucional, la despenalización inconclusa y las nuevas formas de restricción Noviembre de 2026 Resumen El presente artículo analiza el estado actual de la libertad de expresión en el orden…

Ing. Felipe JRR
19 de noviembre de 2026 · 15 min de lectura
Un portavoz atiende a los medios en una rueda de prensa al aire libre
Fotografia: Tahir Xelfequliyev (Pexels)

Ing. Felipe JRR. Felipe de Jesús Rodríguez Rocha es ingeniero de sistemas y desarrollador full-stack con 19 años de experiencia en WordPress, automatización con inteligencia artificial e infraestructura en la nube AWS. Es…

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO

Entre la tutela constitucional, la despenalización inconclusa y las nuevas formas de restricción

Noviembre de 2026

Resumen

El presente artículo analiza el estado actual de la libertad de expresión en el orden jurídico mexicano. Parte del parámetro de regularidad constitucional formado por los artículos 6º y 7º de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; revisa la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el sistema dual de protección y el estándar de malicia efectiva; examina la despenalización de los delitos contra el honor, aún inconclusa en algunas entidades federativas, y el régimen del derecho de réplica. Finalmente, estudia los frentes de tensión más recientes: la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025, los Lineamientos de Derechos de las Audiencias de 2026, el uso de la figura de violencia política en razón de género contra periodistas y ciudadanos, y el acoso judicial. Se concluye con propuestas de armonización normativa.

Palabras clave: libertad de expresión; malicia efectiva; daño moral; derecho de réplica; censura previa; violencia política en razón de género; plataformas digitales.

I. Introducción

La libertad de expresión ocupa un lugar singular en el catálogo de derechos humanos: además de ser un derecho individual, es condición de posibilidad del debate democrático, del control del poder público y del ejercicio de otros derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha descrito como un derecho con una doble dimensión, individual y social, de modo que su restricción afecta no sólo a quien se expresa sino a toda la colectividad que tiene derecho a recibir información e ideas.

En México, este derecho goza de una tutela constitucional robusta y de una doctrina judicial que, durante la última década y media, se alineó en lo esencial con los estándares interamericanos. Sin embargo, la protección formal convive con una realidad adversa: violencia letal contra periodistas, litigios estratégicos para inhibir la crítica y la aparición de nuevos instrumentos normativos y administrativos cuyo diseño ha sido cuestionado por su potencial restrictivo. El objetivo de este trabajo es ofrecer un panorama sistemático de ese marco y de sus tensiones actuales, con especial atención al entorno digital.

II. Parámetro de regularidad constitucional y convencional

1. Los artículos 6º y 7º constitucionales

El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en los casos de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, cuando se provoque algún delito o se perturbe el orden público. El mismo precepto reconoce el derecho de réplica y el derecho de acceso a la información. Por su parte, el artículo 7º declara inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, prohíbe restringir este derecho por vías o medios indirectos y establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura.

Desde la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, el artículo 1º incorpora al parámetro de control los derechos humanos de fuente internacional y ordena interpretar las normas conforme al principio pro persona. En consecuencia, los límites del artículo 6º deben leerse de manera restrictiva y a la luz de los tratados, particularmente del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

2. La prohibición de censura previa y el test tripartito

El artículo 13.2 de la CADH establece que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores. Para que éstas sean legítimas deben superar un test de tres pasos: (i) estar expresamente fijadas por la ley en sentido formal y material, con redacción clara y precisa; (ii) perseguir una finalidad legítima —el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas—, y (iii) ser necesarias en una sociedad democrática, lo que exige idoneidad y proporcionalidad estricta. El artículo 13.3 añade la prohibición de restricciones por vías indirectas, como el abuso de controles oficiales o particulares sobre frecuencias, papel o enseres, cláusula que la doctrina ha extendido a la infraestructura digital.

Este test es la herramienta analítica que se empleará en las secciones siguientes para valorar las normas e instrumentos recientes.

III. La doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

1. El sistema dual de protección

A partir de 2009, la Primera Sala de la Suprema Corte desarrolló una línea jurisprudencial que distingue entre personas privadas y personas con proyección pública. Conforme a este “sistema dual de protección”, los servidores públicos y quienes participan voluntariamente en asuntos de interés general deben tolerar un mayor grado de escrutinio y crítica, incluso cuando ésta sea severa, molesta o chocante. La protección de su honor no desaparece, pero se reduce en proporción al interés público de la información.

2. El estándar de malicia efectiva

Inspirada en la doctrina de la actual malice estadounidense, la Corte adoptó el estándar de “malicia efectiva”: cuando la información se refiere a una figura pública, sólo procede la responsabilidad civil si se demuestra que lo difundido es falso y que se publicó con conocimiento de su falsedad o con total despreocupación sobre si era o no falso. La carga de probar estos extremos recae en quien se dice afectado. El estándar no se aplica a las opiniones, que por definición no son susceptibles de verificación, sino a las afirmaciones de hecho; respecto de las opiniones, el límite está en el uso de expresiones absolutamente vejatorias e innecesarias para el mensaje.

El caso paradigmático es el amparo directo 28/2010, derivado del litigio entre la revista Letras Libres y el periódico La Jornada, en el que la Primera Sala sostuvo que los medios de comunicación, cuando participan en el debate público, también deben tolerar críticas fuertes, y que la exigencia de veracidad no implica exactitud absoluta, sino un deber de diligencia razonable en la búsqueda y contraste de la información.

3. La esfera digital

La Corte ha trasladado estos criterios a internet. En el amparo en revisión 1005/2018, la Segunda Sala determinó que las cuentas de redes sociales que los servidores públicos utilizan para comunicar asuntos de su encargo adquieren relevancia pública, por lo que bloquear a un usuario —en el caso, un periodista— puede vulnerar su derecho de acceso a la información y su libertad de expresión. Este criterio confirma que el espacio digital no es una zona de excepción: las restricciones en línea deben superar el mismo escrutinio que las del mundo analógico.

IV. Responsabilidades ulteriores: de la vía penal a la vía civil

1. La despenalización federal de 2007

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007 se derogaron del Código Penal Federal los delitos de difamación, injurias y calumnia, de modo que la afectación al honor quedó sujeta, en el ámbito federal, a la acción civil por daño moral prevista en los artículos 1916 y 1916 Bis del Código Civil Federal. El artículo 1916 Bis dispone expresamente que no estará obligado a reparar el daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos de los artículos 6º y 7º constitucionales.

La Ciudad de México había avanzado en la misma dirección un año antes, al derogar estos tipos penales y expedir, en 2006, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, que incorporó expresamente el estándar de malicia efectiva y criterios de proporcionalidad en la reparación.

2. Una despenalización inconclusa

La despenalización federal no alcanzó automáticamente a los códigos penales locales. Si bien la mayoría de las entidades derogaron progresivamente los delitos contra el honor, algunas los conservan. En 2026 se registraron avances y rezagos: el 16 de septiembre de ese año, mediante el Decreto 368, Zacatecas derogó los artículos 274 a 279 de su Código Penal, relativos a la calumnia; en cambio, Yucatán mantiene estas figuras y en Nuevo León el Congreso discutía una iniciativa para derogarlas cuyo plazo para votarse en el pleno vencía el 12 de noviembre de 2026. La magnitud del problema es significativa: la Fiscalía de Nuevo León reportó más de 15 mil carpetas de investigación por estos delitos en la última década.

La subsistencia de tipos penales contra el honor es difícilmente compatible con el test tripartito. La Corte Interamericana ha señalado que el poder punitivo sólo debe emplearse cuando sea estrictamente indispensable, y que la vía penal produce un efecto inhibidor desproporcionado cuando existen mecanismos civiles idóneos para proteger la reputación.

V. El derecho de réplica

El derecho de réplica, reconocido en el artículo 6º constitucional y en el artículo 14 de la CADH, fue reglamentado por la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, en materia del Derecho de Réplica, publicada en el DOF el 4 de noviembre de 2015. La ley permite a toda persona solicitar la rectificación o respuesta frente a información inexacta o falsa que le cause agravio, difundida por medios de comunicación, agencias de noticias o productores independientes.

La Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas, invalidó diversas porciones de la ley y precisó su alcance. Un punto central del diseño legal es que la crítica periodística sólo es replicable cuando se sustenta en información falsa o inexacta, lo que preserva el espacio de la opinión. El ordenamiento fue reformado por última vez el 14 de noviembre de 2025, en el marco de la homologación normativa con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En abril de 2026 se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para extender la réplica a redes sociales y plataformas digitales, propuesta que plantea interrogantes sobre los sujetos obligados, la escala de su aplicación y el riesgo de convertir la réplica en un mecanismo de remoción de contenidos.

VI. Nuevos frentes de tensión

1. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

El 16 de julio de 2025 se publicó en el DOF la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), que abrogó la ley federal de 2014 y reorganizó la regulación del sector tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La iniciativa original contenía un artículo 109 que permitía a las autoridades solicitar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones el bloqueo temporal de plataformas digitales, con base en lineamientos que la propia Agencia emitiría.

Organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales advirtieron que la disposición contravenía el principio de legalidad, pues las restricciones a la libertad de expresión deben fijarse en ley de manera clara y precisa y no en lineamientos administrativos, y que el bloqueo de plataformas completas es una medida intrínsecamente desproporcionada. Tras un parlamento abierto, el precepto fue eliminado del texto aprobado. El episodio ilustra la eficacia del test tripartito como parámetro de deliberación legislativa: una restricción indeterminada, delegada a una autoridad administrativa y de alcance general difícilmente supera el primer y el tercer paso del examen.

2. Los Lineamientos de Derechos de las Audiencias

La LMTR facultó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para emitir lineamientos en materia de derechos de las audiencias. El anteproyecto, sometido a consulta pública entre el 27 de julio y el 21 de agosto de 2026, generó críticas de Human Rights Watch, Artículo 19 y otras organizaciones, centradas en la facultad del regulador para calificar contenidos como falsos, descontextualizados o desactualizados y sancionar por ello a los concesionarios. El gobierno federal sostuvo que los lineamientos se limitan a obligar a distinguir entre información, opinión y publicidad, sin que el Estado determine la veracidad de los contenidos. Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias se publicaron finalmente en el DOF el 28 de agosto de 2026, con facultades acotadas respecto del proyecto original.

Desde la perspectiva constitucional, la cuestión de fondo es si una autoridad administrativa puede evaluar la veracidad de contenidos informativos sin incurrir en una forma de control previo o indirecto. La doctrina interamericana es clara en que la exigencia de veracidad no puede convertirse en un instrumento de censura; su aplicación concreta por la CRT será el verdadero test de compatibilidad de estos lineamientos.

3. Violencia política en razón de género y crítica pública

La tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG), producto de la reforma de 13 de abril de 2020, respondió a una necesidad real de garantizar la participación política de las mujeres. No obstante, en los últimos años la figura se ha invocado en procedimientos contra periodistas y ciudadanos por expresiones críticas dirigidas a servidoras públicas. El caso más discutido fue el de una ciudadana de Sonora sancionada por una publicación en la red social X sobre una diputada federal: la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral consideró en 2025 que el mensaje no constituía calumnia, pero sí VPG, decisión confirmada por la Sala Superior.

La tensión es genuina y exige un análisis cuidadoso. La propia jurisprudencia electoral ha establecido que, para acreditar VPG, la expresión debe basarse en elementos de género —estereotipos, afectación desproporcionada o diferenciada por ser mujer—, y no basta con que la crítica se dirija a una mujer. Cuando ese análisis se omite, la figura puede operar como una restricción no prevista por el artículo 13.2 de la CADH, con el agravante de que la inscripción en registros de personas sancionadas produce efectos estigmatizantes. Artículo 19 ha advertido sobre la aplicación indebida y abusiva de esta figura en casos contra periodistas.

4. Acoso judicial y violencia contra la prensa

El litigio estratégico contra la participación pública (conocido por sus siglas en inglés como SLAPP) se ha consolidado como forma de presión. Según Artículo 19, al menos 158 periodistas enfrentaron demandas por difamación en un periodo de cinco años, y sólo entre enero y julio de 2025 la organización documentó 51 casos contra 39 periodistas y 12 medios en procedimientos penales, civiles, electorales y administrativos.

A ello se suma la violencia letal. Reporteros sin Fronteras contabiliza 18 periodistas asesinados en los dos primeros años de la actual administración federal, y señala que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha sido reformada desde abril de 2022, pese a las deficiencias documentadas del Mecanismo de Protección. Ninguna construcción doctrinal sobre la libertad de expresión es suficiente si el Estado no garantiza las condiciones materiales para su ejercicio; la obligación de proteger, derivada del artículo 1º constitucional, es tan exigible como la de abstenerse de censurar.

VII. Propuestas

A partir del análisis anterior se formulan las siguientes propuestas de política legislativa y judicial:

  1. Concluir la despenalización. Derogar los delitos contra el honor en las entidades que aún los conservan y trasladar estas controversias a la vía civil, con la incorporación expresa del estándar de malicia efectiva y topes razonables a la reparación.
  2. Legislación anti-SLAPP. Establecer mecanismos procesales de desechamiento temprano de demandas manifiestamente infundadas contra la participación pública, con condena en costas al demandante.
  3. Precisión en la VPG. Incorporar en la legislación electoral los elementos que la jurisprudencia exige para acreditar la violencia política en razón de género, distinguiéndola expresamente de la crítica legítima a la función pública.
  4. Réplica digital con salvaguardas. Si se extiende el derecho de réplica a plataformas, limitarlo a la publicación de la respuesta, excluir la remoción de contenidos y prever control judicial.
  5. Contención regulatoria. Garantizar que cualquier evaluación sobre veracidad de contenidos quede excluida de las facultades sancionadoras de autoridades administrativas, conforme a la prohibición de censura previa e indirecta.
  6. Fortalecer la protección. Reformar la ley y el Mecanismo de Protección para dotarlo de suficiencia presupuestal, coordinación con las entidades federativas y combate efectivo a la impunidad.

VIII. Conclusiones

Primera. México cuenta con un parámetro constitucional y convencional de protección a la libertad de expresión sólido, y con una doctrina judicial —sistema dual de protección y malicia efectiva— alineada con los estándares interamericanos.

Segunda. La despenalización de los delitos contra el honor, iniciada a nivel federal en 2007, sigue inconclusa en algunas entidades federativas, lo que mantiene abierta una vía punitiva incompatible con el principio de necesidad.

Tercera. Las principales amenazas actuales no provienen de la censura directa, sino de instrumentos indirectos: facultades regulatorias amplias, el uso extensivo de figuras legítimas como la violencia política en razón de género y el acoso judicial. El debate en torno al artículo 109 de la LMTR demuestra que el escrutinio público y el test tripartito pueden corregir estas desviaciones antes de que se consoliden.

Cuarta. La libertad de expresión es inseparable de la seguridad de quienes la ejercen. Mientras persistan la violencia contra periodistas y la impunidad, la protección normativa seguirá siendo, en buena medida, una promesa incumplida.

Fuentes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1º, 6º y 7º.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 13 y 14.

Código Civil Federal, artículos 1916 y 1916 Bis.

Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, DOF 4 de noviembre de 2015, última reforma DOF 14 de noviembre de 2025.

Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, DOF 16 de julio de 2025.

Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, DOF 28 de agosto de 2026.

Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, 2006.

SCJN, Primera Sala, amparo directo en revisión 2044/2008; amparo directo 28/2010; tesis 1a./J. 38/2013 (10a.).

SCJN, Segunda Sala, amparo en revisión 1005/2018.

SCJN, Pleno, acción de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas.

Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85; Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004); Caso Kimel vs. Argentina (2008); Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela (2019).

Human Rights Watch, “México debe corregir lineamientos sobre ‘derechos de las audiencias’”, 25 de agosto de 2026.

Reporteros sin Fronteras, México: dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, octubre de 2026.

La veracidad, opiniones y contenido de este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan la postura editorial de Mundo Legal.

Nota de la redacción. Mundo Legal divulga información jurídica con fines informativos. No sustituye la asesoría de un abogado para un caso concreto.
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