El arancel de 35% al plástico es válido, y el Ejecutivo no tiene que explicarlo
La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad del decreto que subió temporalmente el arancel a una fracción de plástico. El argumento clave: el artículo 131 de la Constitución da al Ejecutivo facultades extraordinarias en comercio exterior que no exigen fundar y motivar.
Una empresa importadora se encontró con que el arancel de su producto había subido al 35% por decreto, sin aviso y sin una explicación de por qué. Fue a amparo con un argumento que a cualquiera le parecería razonable: si una autoridad me impone una carga, debe decirme en qué se funda y qué la motiva.
La Suprema Corte resolvió el 17 de noviembre de 2026 que, en comercio exterior, esa regla no aplica igual.
Qué se impugnaba
El decreto que modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en concreto la fracción arancelaria 3920.49.99, con la que se modificaron temporalmente los aranceles al plástico en un 35%.
El Pleno validó el decreto.
El artículo 131 y las facultades extraordinarias
El razonamiento descansa por completo en el artículo 131 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo Federal facultades extraordinarias en materia de comercio exterior. Son tres:
- aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación que expidió el Congreso;
- restringir y prohibir importaciones, exportaciones y el tránsito de productos, cuando lo estime urgente para regular el comercio exterior, la economía del país o la estabilidad de la producción nacional;
- crear otras cuotas o tarifas.
La Corte explicó para qué existe ese diseño: permite dar respuestas rápidas a situaciones concretas que la legislación no previó, como las fluctuaciones del intercambio de bienes con otros países o los vaivenes de la economía.
La parte que sorprende
De ahí viene la conclusión que conviene leer dos veces: al ejercer esas facultades, el Ejecutivo no está obligado a explicar los fundamentos y motivos por los cuales expide el decreto.
La razón, según el Pleno, es que esa función sólo requiere que la autoridad esté constitucionalmente facultada para ello. La facultad está en la Constitución; no hace falta justificar cada uso.
Es una excepción llamativa en un sistema donde la exigencia de fundar y motivar es casi un reflejo. Y se entiende por su finalidad: un arancel que hay que explicar antes de aplicarlo es un arancel que llega tarde, porque el mercado se mueve mientras se redacta la motivación.
Qué significa para quien importa
Que la vía del amparo contra un decreto arancelario por falta de motivación tiene, según este criterio, poco recorrido. El terreno de discusión no es por qué subió el arancel, sino si el Ejecutivo tenía la facultad y si la ejerció dentro de sus límites.
Para una empresa que importa, la consecuencia práctica es de planeación más que de litigio: los aranceles de comercio exterior pueden cambiar por decreto, con efecto temporal, y la justificación no va a aparecer en el documento. Conviene tenerlo en el modelo de costos antes que en la demanda.
Amparo en revisión 308/2026, resuelto en sesión de Pleno el 17 de noviembre de 2026. Fuente: comunicado 162/2026 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fotografía: Wolfgang Weiser en Pexels.
