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Ponerse de acuerdo con la competencia sigue siendo ilegal, aunque el Estado fije el precio máximo

Distribuidores de gas LP sancionados por prácticas monopólicas alegaron que, con precios topados por el Estado, no podía haber acuerdo ilícito. La Suprema Corte dijo que un techo de precios no desactiva las reglas de competencia.

Redacción Mundo Legal
18 de noviembre de 2026 · 3 min de lectura
A collection of red gas cylinders stored in an industrial setting, Dubai.
Fotografía: aboodi vesakaran (Pexels)

La entonces Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a varios agentes por prácticas monopólicas absolutas en la distribución y comercialización de gas LP. Los sancionados fueron a amparo con varios argumentos, pero uno destacaba por su astucia: si el Estado fija precios máximos, ¿qué margen queda para pactar precios?

La Suprema Corte resolvió el 11 de noviembre de 2026 y desmontó el argumento. También validó las normas impugnadas de la Ley Federal de Competencia Económica.

Qué son las prácticas monopólicas absolutas

Son los acuerdos entre competidores —no entre proveedor y cliente— para hacer alguna de estas tres cosas:

  • fijar precios;
  • restringir la oferta;
  • repartirse mercados.

Se llaman absolutas porque no admiten justificación: no hay eficiencia que las salve. Están prohibidas por el artículo 53, párrafo primero, de la ley, uno de los que se impugnaron.

El techo de precios no es una coartada

Éste es el criterio central y el que conviene retener. La Corte precisó que un régimen de precios máximos no elimina la aplicación de las reglas de competencia económica ni descarta, por sí mismo, la existencia de prácticas monopólicas.

La lógica es sencilla cuando se piensa un momento. Un precio máximo pone un techo, no un suelo. Debajo de ese techo sigue habiendo todo un margen donde competir: se puede vender más barato, dar mejor servicio, cubrir más zonas. Si los competidores se ponen de acuerdo para instalarse todos en el techo, o para no pisarse las zonas, el daño al consumidor es exactamente el mismo que sin regulación de precios. El techo no les obligaba a coludirse; se coludieron bajo el techo.

Y además: fijar precios no es la única práctica absoluta. Repartirse mercados y restringir la oferta siguen siendo posibles con precios topados.

Las investigaciones se pueden alargar, pero no a capricho

El otro artículo impugnado, el 71, párrafo cuarto, permite ampliar los periodos de investigación. Los sancionados sostenían que eso dejaba al agente económico en indefensión, sometido a una investigación sin final previsible.

La Corte acotó la facultad en vez de anularla: esa ampliación únicamente puede ejercerse cuando existen causas objetivas y debidamente justificadas, y dentro de los límites previstos por la ley. No es una prórroga automática ni discrecional.

Sobre la prohibición en sí, el Pleno explicó que proteger la libre competencia no genera indefensión, porque la autoridad sigue obligada a tres cosas: acreditar la conducta, respetar las oportunidades de defensa y justificar sus decisiones.

La caducidad que ya no existe

Hubo un tercer argumento, más técnico y con una respuesta que vale para muchos otros casos. La legislación anterior permitía declarar la caducidad de una investigación por inactividad procesal. La vigente eliminó esa figura. Los sancionados alegaron que quitarla viola el principio de progresividad, según el cual los derechos no deben retroceder.

La Corte respondió que no hay retroceso porque las personas investigadas no tenían un derecho consolidado a que el procedimiento concluyera conforme a una disposición que ya había sido derogada antes de que la investigación empezara.

Es una distinción importante: el principio de progresividad protege derechos adquiridos, no expectativas sobre leyes que ya no existían cuando los hechos ocurrieron.

Qué queda abierto

La Corte devolvió el expediente al tribunal colegiado especializado para que analice los argumentos de legalidad pendientes. Lo que se resolvió es la constitucionalidad de las normas, no si estos agentes concretos hicieron lo que se les imputa.

Para cualquier empresa en un sector regulado, la lección operativa es breve: que su precio esté topado por el Estado no la saca del radar de competencia. Las conversaciones con competidores sobre zonas, volúmenes o condiciones siguen siendo exactamente igual de peligrosas.

Amparo en revisión 146/2026, resuelto en sesión de Pleno el 11 de noviembre de 2026. Fuente: comunicado 161/2026 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fotografía: aboodi vesakaran en Pexels.

Nota de la redacción. Mundo Legal divulga información jurídica con fines informativos. No sustituye la asesoría de un abogado para un caso concreto.
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